El presidente boliviano, Evo Morales, declaró que su pueblo nunca olvidará la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga, promulgada hoy.

En la sede de Gobierno, el mandatario señaló que de todas maneras la legislación no es suficiente, si no se cambia la mentalidad, y mucho deberá hacer la justicia boliviana para implementar realmente la ley.

Cuando uno acepta ser una autoridad pública es para servir al pueblo, no para robar y buscar pretextos para sacar dinero, añadió.

Al respecto, el dignatario apuntó que al margen de las políticas de exclusión, de saqueo y de explotación en todos estos años, la corrupción y el engaño eran el mayor problema de los gobiernos anteriores.

La política es la ciencia de servir al pueblo, ya sea en una alcaldía, una gobernación, ministerio o cualquier institución, y más sagrada es la plata del pueblo que la de la familia, aseveró.

Morales afirmó que el Estado colonial creó muchas formas de robar, pero en su opinión el pueblo es diferente.

En mis viajes al exterior he podido constatar que el emigrante boliviano es respetado por ser honesto y trabajador, pero lamentablemente las instituciones estatales no eran así, expresó.

Sobre el tema, el vicepresidente, Alvaro García, apuntó que durante más de 180 años la Patria fue el nombre del enriquecimiento personal y familiar de gobernantes y funcionaros públicos.

García recordó el tortuoso proceso seguido por la Ley hasta su aprobación final, luego de una resistencia feroz y encarnizada de la oposición, que hizo a la Ley tardar cuatro años en aprobarse.

Lo que tardó 45 meses en la antigua Cámara de Senadores, guardada en una gaveta, se hizo ahora en un mes y dos semanas, se está revalorizando el papel de la legislación, expuso.

El titular del Congreso consideró a la Marcelo Quiroga como Ley de la Dignidad, capaz de limpiar la administración del Estado de funcionarios que no tengan compromiso de servicio al país.

¿Qué provocaba tanto miedo?, pues que la norma establece que nadie puede tocar un centavo de los bienes del pueblo, explicó.

La medida incorpora los principios de retroactividad e imprescriptibilidad de los delitos en el manejo de los recursos públicos, y no reconoce fuero a la hora de juzgar los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito de ex y actuales autoridades.

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