La llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual divide el espacio radioeléctrico en tres partes iguales entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro.

La norma también reduce de 24 a 10 los servicios abiertos de radio y televisión en poder de un solo dueño y prohíbe a una empresa que posee un canal abierto ser también propietaria de un servicio de televisión por cable en la misma localidad.

El artículo más cuestionado por la oposición es el que obliga a las compañías que actualmente tienen más de 10 licencias de radio o televisión a desprenderse de los medios excedentes en el plazo de un año.

Según el gobierno, la nueva ley *»desconcentra y desmonopoliza»* el mercado mediático.

En cambio, para los opositores se trata de una estrategia oficialista para que el Estado aumente su control sobre los medios.

La semana pasada Fernández acusó a Clarín y al diario La Nación –los dos principales matutinos del país- de apropiarse ilegítimamente de Papel Prensa, la única empresa productora de papel de diarios del país, del que Clarín es el socio mayoritario.

Durante un discurso de más de una hora transmitido a través de cadena nacional, la mandataria acusó a los diarios de conseguir la empresa a través de un pacto con el gobierno militar de 1976, que secuestró y torturó a la familia que poseía Papel Prensa, cargos que los medios negaron rotundamente.

Además de abrir una investigación sobre el caso ante la Justicia, el gobierno también envió al Congreso un proyecto de ley para declarar *»cuestión de interés público»* la producción de papel de diario en el país, así como su distribución y comercialización, algo que para los dos principales diarios le daría al Estado control sobre su principal insumo.

Hace dos semanas el gobierno había asestado otro golpe contra el Grupo Clarín, anulando sorpresivamente la licencia a su principal empresa de servicios de internet, Fibertel, que tiene más de un millón de clientes.

Gabriel Mariotto, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -el nuevo ente regulador de los medios creado a partir de la flamante ley- celebró la entrada en vigencia de la norma.

*»Con esto se ataca la columna vertebral del monopolio. Con esto hay posibilidades de que haya pluralidad y diversidad»*, aseguró en una entrevista con Radio 10.

Si bien el funcionario aclaró que la Justicia aún debe pronunciarse respecto al artículo 161, que da a las compañías un año para desprenderse de sus medios excedentes, Mariotto consideró que ese plazo comienza a regir a partir de ahora.