El presidente Sebastián Piñera, que venía del éxito del rescate de los 33 mineros de Copiapó, ya comenzó a sentir en la Navidad pasada el sinsabor de las manifestaciones callejeras con reclamos de las víctimas del devastador terremoto de febrero de 2010, demandas salariales de los estatales, motines e incendios con muertos en los hacinados penales del país.

Además, inició 2011 con una crítica situación por el aumento del gas en la Región de Magallanes, donde las protestas fueron violentas.

El mandatario había prometido para este año concretar reformas estructurales en educación, salud, seguridad, pobreza, modernización del Estado y en los sistemas político y ambiental, pero se encontró con el ascenso de los reclamos sectoriales, que incluyeron dramáticas resistencias de líderes mapuches a ser criminalizados por exigir tierras, paralización total de las minas de cobre -principal fuente de divisas-, y la prolongada protesta estudiantil, apoyada por la mayoría de los chilenos.

Hace exactamente un año, Piñera se anticipó a su destino y aseguró que concretaría esas reformas aunque ello pudiera «chocar con la popularidad de corto plazo» y se declaró dispuesto a sacrificarla.

Los escándalos de corrupción tampoco le fueron ajenos -los primeros de ellos desencadenados en enero con los sobreprecios pagados en la construcción de miles de viviendas de emergencia para los damnificados por el terremoto y un supuesto desvío de fondos en el área de Defensa-, que lo obligaron a cambiar su gabinete por primera vez y le abrieron a la oposición un mayor protagonismo.

A partir de mayo, el gobierno de la centroderechista Alianza por Chile de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) empezó a mostrar pujas internas al enfrentar el histórico movimiento estudiantil, que unió a universitarios, secundarios y profesores en el reclamo de una educación gratuita y de calidad.

Las marchas estudiantiles en todo el país, masivas y reprimidas con violencia; las tomas de establecimientos educacionales; la prolongada huelga de hambre de adolescentes secundarios, y el contundente apoyo de la sociedad al reclamo por la educación, hicieron desplomar la imagen del Piñera del 63 por ciento que tenía tras el rescate de los mineros, al 30 por ciento, la peor medición de un mandatario desde el regreso de la democracia en 1990.

La oposición de la Concertación revivió de la mano del reclamo estudiantil tras la derrota en las urnas de su candidato Eduardo Frei, desoyó las convocatorias presidenciales a la unidad, impulsó la agenda de la reforma de la Constitución y el sistema de representación heredados de la dictadura pinochetista y se relanzó a sí misma para responder a las nuevas demandas de la sociedad.

Cientistas políticos chilenos coinciden en que las protestas en demanda de reivindicaciones sectoriales que recrudecieron este año son producto, más que de reclamos puntuales, de una profunda crisis de representatividad política derivada del sistema electoral.

En Chile «tenemos una democracia empatada en términos electorales con un sistema binominal que determina que los distritos tengan la misma representación con un diputado y un senador por cada bloque que se representa», explicó a Télam José Jara, ex director de FLACSO Chile e investigador del Instituto Igualdad.

Por eso, en los 20 años de democracia la oposición de la Alianza por Chile (hoy gobernante) «siempre tuvo la mitad del Congreso y la Concertación solo tuvo mayoría un año durante el gobierno de Michelle Bachelet; tenía el control del gobierno pero no el poder político para transformaciones profundas», reseñó el investigador.

«El sistema electoral binominal obliga a formar dos coaliciones para competir, hayan las diferencias que hayan hacia adentro de cada coalición», añadió Mauricio Morales, analista de la Universidad Diego Portales (UDP), quien destacó que estos dos grupos «tienen escasa diferenciación programática y mayoritariamente se orientan hacia el centro, con lo que a la gente le da lo mismo votar a unos que a otros».

Para Moreno, la coyuntura chilena tiene tres grandes factores que la explican: problemas estructurales de desigualdad, déficit institucional de representación política dentro de un sistema con
alta necesidad de presidencialismo, y falencias «propias» del actual gobierno, como su «escasa raigambre en los movimientos sociales, lo que le quita posibilidad de diálogo».

Según Jara, las reformas políticas necesarias van más allá de los cambios pedidos por los estudiantes y deberían apuntar al esquema tributario, a la distribución del poder político, al sistema electoral, al financiamiento de la política, a los partidos políticos, a la inscripción de los registros electorales y a los mecanismos de participación.

«Este tipo de reformas requiere de un camino muy largo, de discusiones en el Congreso y quórum calificado», lo que implica, la necesidad de «un acuerdo político bastante amplio», consideró el experto.

Conciente de estas necesidades y de que en 2012 los comicios municipales dejarán algún perfil para las elecciones legislativas de 2013, Piñera convocó este lunes a una ronda de diálogo a La Moneda a los ex presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Aunque el oficialismo no lo admita, la participación de Bachelet es vista con recelo. La ex presidenta, que se retiró del gobierno con la imagen más alta lograda por un jefe de Estado al final de mandato, es en las encuestas actuales la favorita, por amplio margen, a volver a La Moneda, mientras que el presidenciable de la Alianza, el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, sustenta su popularidad en haber liderado el rescate a los mineros de Copiapó.